El debate sobre las energías renovables en León tiene un nuevo protagonista: una planta de biomasa proyectada en Puente Castro que ha acabado en los tribunales. El colectivo Ecologistas en Acción de León ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la autorización que la Junta de Castilla y León otorgó para su construcción, abriendo una batalla legal que cuestiona el modelo energético y su impacto local.
La organización ecologista sostiene que el proyecto presenta graves deficiencias en su tramitación y podría suponer un riesgo significativo para el medio ambiente y la salud de los leoneses, dada su proximidad al núcleo urbano de la capital.
El Origen del Conflicto: Un Proyecto Bajo Sospecha
El punto de partida de la denuncia es la supuesta falta de transparencia durante el proceso. Según los ecologistas, el proyecto no se sometió al trámite de información pública obligatorio, un paso crucial que permite a la ciudadanía y a otras organizaciones presentar alegaciones. Esta omisión, afirman, impidió un debate público necesario sobre una instalación de estas características.
Pero el fondo del asunto es aún más complejo y se adentra en tecnicismos legales con importantes consecuencias prácticas.
¿Es una planta de biomasa o una incineradora?
Esta pregunta es clave en el recurso presentado. Ecologistas en Acción argumenta que la planta ha sido clasificada incorrectamente como una instalación de «valorización» de biomasa, lo que le permitió seguir una tramitación ambiental simplificada. Sin embargo, defienden que por sus características, debería considerarse una «planta de incineración». Esta distinción no es menor, ya que la legislación, como la Ley de Residuos para una economía circular, exige una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, mucho más rigurosa y garantista, para las incineradoras.
El cambio de catalogación obligaría a realizar un análisis mucho más exhaustivo de sus posibles efectos sobre el entorno, algo que, según la denuncia, no se ha hecho.
Las Dudas sobre el Aire y el Agua
Las principales preocupaciones se centran en la calidad del aire. Una instalación de este tipo, situada a escasa distancia de zonas residenciales de León, genera inquietud por la posible emisión de partículas contaminantes. Aunque se presenta como una fuente de energía verde, la combustión de biomasa no es inocua y su impacto debe ser medido con precisión.
A esto se suma la preocupación por el elevado consumo de agua que requeriría la planta para su funcionamiento, un recurso cada vez más valioso y cuya detracción podría afectar al equilibrio hídrico de la zona.

¿De dónde vendrá el combustible de la planta?
Otro de los puntos calientes del debate es el origen del material que se quemará. El proyecto se basa en el uso de biomasa forestal, pero los ecologistas ponen en duda que el suministro pueda garantizarse únicamente con recursos locales. La sospecha es que la planta podría acabar utilizando otro tipo de residuos, incluso importados de fuera de la provincia, lo que cambiaría por completo su perfil ambiental y su supuesto carácter de economía circular.
¿Qué impacto tienen estas plantas en la calidad del aire?
Si bien la biomasa es una energía renovable, su combustión es una fuente conocida de contaminantes atmosféricos. Informes como el de la Agencia Europea de Medio Ambiente señalan que la quema de biomasa para energía y calefacción contribuye a la emisión de partículas finas (PM2.5) y otros compuestos que afectan a la salud respiratoria y cardiovascular. Por ello, la ubicación de estas plantas cerca de núcleos de población es un factor crítico que debe evaluarse con el máximo rigor para proteger a los ciudadanos.
Con el recurso ya presentado, la decisión final queda en manos de la justicia, que deberá ponderar los argumentos y determinar si el proyecto de biomasa de Puente Castro puede seguir adelante o si, por el contrario, las irregularidades y los riesgos denunciados obligan a paralizarlo.