Un éxodo forzado por las llamas
La provincia de León vivió una de sus jornadas más dramáticas, marcada por el avance implacable de dos grandes incendios forestales que obligaron a un desplazamiento masivo de la población. Un total de 8.000 vecinos de 34 localidades se vieron forzados a abandonar sus hogares, convirtiendo la situación en una de las mayores evacuaciones registradas en la historia reciente de Castilla y León.
El sonido de las sirenas y la visión del humo en el horizonte se convirtieron en la cruda señal para que miles de familias recogieran lo indispensable, dejando atrás sus vidas bajo la amenaza del fuego. Los operativos, coordinados por la Guardia Civil, se centraron en poner a salvo a la población mientras los equipos de extinción luchaban en una batalla desigual contra las llamas.

¿Cuáles fueron las zonas más afectadas por los incendios?
La emergencia se concentró en dos frentes principales que pusieron en jaque a los servicios de extinción. El primero, y más preocupante, se situó en la comarca de La Cabrera, cerca del límite con Galicia. El fuego, de una virulencia extrema, avanzó sin control obligando a desalojar municipios enteros como Encinedo y La Baña. Las condiciones meteorológicas, con altas temperaturas y viento errático, convirtieron la zona en un auténtico infierno.
El segundo gran foco se localizó en el entorno de Boca de Huérgano, en el área de Valdeburón, a las puertas de los Picos de Europa. Este incendio, originado por la caída de un rayo, se dividió en dos flancos activos, amenazando gravemente a pueblos como Villamartín de Don Sancho, Siero de la Reina y Portilla de la Reina, entre otros muchos. La orografía complicada del terreno dificultó enormemente las tareas de extinción.
Un despliegue de medios sin precedentes
La gravedad de la situación obligó a la Junta de Castilla y León a declarar el Nivel 2 de peligrosidad, un protocolo que se activa cuando la emergencia supera la capacidad de respuesta de la comunidad autónoma. Esta decisión permitió la incorporación inmediata de la Unidad Militar de Emergencias (UME), cuyos efectivos se sumaron a la lucha sobre el terreno. El trabajo de la UME es crucial en catástrofes de esta magnitud, aportando personal especializado y medios técnicos avanzados para contener el avance del fuego y proteger las poblaciones.
Mientras los equipos luchaban en el monte, en localidades como Riaño o La Bañeza se habilitaron polideportivos y centros cívicos para acoger a los cientos de vecinos desalojados, ofreciéndoles un lugar seguro donde pasar la noche con la incertidumbre de no saber qué encontrarían al volver a casa.
¿Qué significa que un incendio sea de Nivel 2?
Declarar un incendio de Nivel 2 implica que la situación es de extrema gravedad. Según los protocolos de Protección Civil, este nivel se establece cuando el fuego representa un riesgo severo para la población o para bienes de especial valor, y cuando la emergencia requiere la intervención de medios extraordinarios que no son competencia de la comunidad autónoma, como es el caso de la UME. Es el paso previo al Nivel 3, que se declara cuando el incendio es considerado de interés nacional.
Este suceso no fue un hecho aislado. Se enmarcó en un contexto de sequía extrema y olas de calor que convirtieron el verano de 2022 en uno de los peores de la historia en cuanto a incendios forestales en España. Según datos del servicio europeo Copernicus, ese año batió récords de superficie quemada y emisiones de carbono en el país, confirmando la vulnerabilidad del territorio ante los efectos del cambio climático. El asedio del fuego en León fue, por tanto, el reflejo local de una crisis global que dejó una profunda cicatriz en el paisaje y en la memoria de sus gentes.