El sur de León vuelve a ser un hervidero de protestas. Un ambicioso proyecto de energía renovable, una planta de biomasa, ha puesto en pie de guerra a los vecinos de barrios como Armunia o Trobajo del Cerecedo. Lo que para la Junta de Castilla y León es un paso hacia un futuro más sostenible, para miles de leoneses es una amenaza directa a su salud y calidad de vida, un fantasma industrial que creían superado.
¿Por qué protestan los vecinos?
La desconfianza es la palabra que mejor define el sentir de los afectados. El recuerdo de la antigua fábrica de antibióticos y sus consecuencias medioambientales sigue muy presente en la memoria colectiva. Ahora, la idea de tener una nueva instalación industrial «pegada a sus casas, colegios y centros de salud», como denuncian, ha desatado todas las alarmas. El temor principal se centra en la contaminación atmosférica, el ruido constante y el aumento del tráfico de camiones pesados que transportarían el material forestal.
La plataforma vecinal «No a la Biomasa en el Sur de León» canaliza este descontento, exigiendo diálogo y, sobre todo, una reubicación del proyecto lejos del núcleo urbano. Consideran que su zona ya ha soportado una carga industrial desproporcionada durante décadas y se niegan a ser, de nuevo, el «patio trasero» de la ciudad.
Un choque frontal con la administración
El enfrentamiento tiene un rostro visible: Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente. Los vecinos le acusan de «falta de sensibilidad» y de ignorar sus reiteradas peticiones de reunión. La sensación de abandono se ha convertido en indignación, alimentando las movilizaciones y la determinación de parar el proyecto a toda costa. El propio alcalde de León, José Antonio Diez, ha mostrado sus reservas sobre la idoneidad de la ubicación elegida, añadiendo más presión política al conflicto.
¿Qué es exactamente este proyecto?
Desde la administración, la visión es radicalmente opuesta. El proyecto, impulsado por Somacyl (la sociedad pública de infraestructuras y medio ambiente de la Junta), consiste en una moderna red de calor alimentada por biomasa. Según la información oficial, esta tecnología permitiría suministrar calefacción y agua caliente a miles de hogares y edificios públicos de forma más económica y ecológica, utilizando astillas forestales como combustible.
La promesa es una reducción drástica de las emisiones de CO2 y un ahorro significativo en la factura energética de los usuarios. La Junta defiende que las instalaciones cumplirán con las más estrictas normativas medioambientales europeas, minimizando cualquier impacto en el entorno. Sin embargo, estas garantías no logran calmar los ánimos de una comunidad que exige hechos, no promesas.
¿Qué futuro le espera a la planta?
El pulso está servido. Por un lado, una administración decidida a llevar adelante un proyecto que considera estratégico para la transición energética de la región. Por otro, unos vecinos organizados y combativos que no están dispuestos a ceder. La viabilidad de la planta de biomasa en su ubicación actual parece depender de la capacidad de diálogo entre ambas partes, una comunicación que, por ahora, está completamente rota. El sur de León se debate entre la promesa de un futuro verde y el miedo a repetir los errores del pasado.
