Un frente común para proteger el entorno rural
En la comarca de La Bañeza, dos municipios han decidido aparcar sus lindes para luchar por un objetivo común: la tranquilidad de sus vecinos y la preservación de su paisaje. Santa Colomba de la Vega y Soto de la Vega han unido fuerzas para oponerse frontalmente a la posible reapertura de una antigua cantera de caliza que lleva más de una década inactiva.
La noticia de que la empresa Calizas y Mármoles de la Bañeza S.L. ha solicitado los permisos para reanudar la explotación ha caído como un jarro de agua fría en ambas localidades. Los alcaldes, David Fernández por Santa Colomba y Roberto Lépori por Soto, han confirmado que trabajarán codo con codo, coordinando una estrategia legal y administrativa para frenar el proyecto.
¿Por qué preocupa tanto la reapertura de la cantera?
La oposición vecinal no es un capricho. Los residentes temen que la vuelta a la actividad de la cantera traiga consigo una serie de problemas que afectarían gravemente a su calidad de vida. La principal preocupación es el impacto ambiental y acústico. El ruido constante de la maquinaria pesada y las explosiones controladas rompería la paz que caracteriza a esta zona rural.
Además, está el problema del polvo. Las explotaciones de este tipo generan una gran cantidad de partículas en suspensión que pueden afectar a la salud respiratoria y cubrir de una fina capa blanca los campos de cultivo y las viviendas cercanas. De hecho, las guías del propio Gobierno sobre contaminantes industriales señalan que la extracción de minerales no metálicos, como la caliza, es una fuente de emisiones de partículas (PM10), como se puede consultar en la documentación del Ministerio para la Transición Ecológica.
Por si fuera poco, el incesante trasiego de camiones de gran tonelaje por las carreteras locales no solo supondría un peligro para la seguridad vial, sino que también aceleraría el deterioro del asfalto, generando costes adicionales para los consistorios.
La movilización ya está en marcha
Ambos ayuntamientos no pierden el tiempo. Ya están informando a sus vecinos y preparando el terreno para la batalla legal. El proyecto se encuentra actualmente en fase de exposición pública, un periodo crucial durante el cual cualquier persona o entidad afectada puede presentar alegaciones formales.
Se espera una oleada de objeciones tanto de particulares como de los propios consistorios, que argumentarán el grave perjuicio que la actividad extractiva causaría en el entorno socioeconómico y ambiental de la vega del río Tuerto.
¿Qué pasos seguirán los ayuntamientos?
Los alcaldes han asegurado que utilizarán todas las herramientas legales a su alcance. El primer paso es presentar alegaciones contundentes, bien fundamentadas técnica y jurídicamente, dentro del plazo establecido. Su objetivo es demostrar que la reapertura de la cantera es incompatible con el modelo de desarrollo rural y sostenible que defienden para sus municipios.
El mensaje es claro: la defensa del bienestar de los vecinos y la protección del medio ambiente son prioritarias. La unión de Santa Colomba y Soto de la Vega es una muestra de la determinación de la ‘España rural’ por decidir sobre su propio futuro y no permitir que su calidad de vida se vea comprometida.
