La tensión entre la ganadería y el lobo llega a un punto crítico en Castilla y León, que eleva la presión sobre las instituciones europeas para encontrar una solución definitiva.
La convivencia entre el lobo ibérico y la ganadería extensiva en Castilla y León nunca ha sido fácil, pero la situación ha alcanzado un punto de no retorno. El gobierno autonómico ha movido ficha y ha enviado una carta formal a Bruselas solicitando una reunión de carácter urgente con el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius. El objetivo es claro: abordar la creciente oleada de ataques al ganado y acelerar un cambio en la gestión de la especie que muchos consideran indispensable.
¿Por qué ha aumentado tanto la tensión con el lobo?
El conflicto se ha intensificado notablemente desde 2021, cuando el Gobierno de España decidió incluir a todas las poblaciones de lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Esta medida prohibió su caza en todo el territorio nacional, unificando su estatus de protección y eliminando los controles poblacionales que se realizaban al norte del Duero. Desde entonces, tanto las cifras de ataques como el malestar en el sector ganadero no han hecho más que crecer, con un balance que en 2023 superó los 4.000 incidentes en la comunidad, según datos de las organizaciones agrarias.
La Junta de Castilla y León argumenta que la situación es «insostenible» y que las medidas compensatorias, aunque necesarias, ya no son suficientes para paliar las millonarias pérdidas y el impacto emocional que sufren los ganaderos.
¿Qué propone exactamente la Comisión Europea?
Consciente de que el problema no es exclusivo de España, la Comisión Europea dio un paso histórico en diciembre de 2023. Propuso modificar el estatus de protección del lobo en el Convenio de Berna, pasando de «estrictamente protegido» a simplemente «protegido». Este cambio, en la práctica, abriría la puerta a una gestión mucho más flexible, permitiendo controles poblacionales selectivos en zonas donde la conflictividad sea elevada. Sin embargo, la tramitación de esta propuesta se percibe como excesivamente lenta desde el campo, mientras los ataques no cesan.
El gobierno regional considera que la inacción está poniendo en jaque un modelo de ganadería extensiva que es vital para la economía y la gestión del ecosistema de Castilla y León. Por ello, la petición de reunión con Sinkevičius busca no solo exponer la gravedad del problema, sino también presionar para que se tomen decisiones ágiles y acordes a la realidad del territorio.
¿Qué soluciones se plantean más allá de cambiar la protección?
Aunque el debate se centra en la flexibilización del estatus del lobo, sobre la mesa siempre han estado otras medidas preventivas. El uso de perros mastines, la instalación de vallados específicos o el pastoreo agrupado son algunas de las herramientas que se fomentan para reducir la vulnerabilidad del ganado. En España, la Estrategia para la Conservación y Gestión del Lobo contempla un marco de coexistencia. No obstante, para muchos ganaderos, la alta densidad de lobos en ciertas comarcas ha hecho que estas medidas sean insuficientes o inviables económicamente, insistiendo en que sin un control poblacional directo, la supervivencia de sus explotaciones está en serio peligro. La respuesta de Bruselas a esta llamada de auxilio será clave para definir el futuro del lobo y de la ganadería en la región.
