Un tesoro europeo con fecha de caducidad
León se encuentra ante una oportunidad histórica: 900 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation EU para impulsar su economía, modernizar infraestructuras y apostar por un futuro más verde y digital. Sin embargo, este maná europeo tiene un enemigo inesperado y poderoso: la propia burocracia española. Un reloj corre en contra de la provincia, y el tic-tac se vuelve cada vez más fuerte a medida que se acerca la fecha límite de 2026.
La preocupación crece entre el tejido empresarial y las administraciones locales. La Federación Leonesa de Empresarios (FELE) y la Cámara de Comercio han dado la voz de alarma: la farragosa Ley de Contratos del Sector Público amenaza con convertir esta oportunidad de oro en una oportunidad perdida, dejando en el aire proyectos vitales para el desarrollo leonés.
¿Por qué la Ley de Contratos es tan complicada?
Aprobada en 2017 con el objetivo de aumentar la transparencia y la competencia, la ley ha resultado ser un arma de doble filo. Sus exigentes requisitos, plazos interminables y la rigidez de sus procedimientos han creado un auténtico laberinto administrativo. Para las grandes corporaciones puede ser un trámite más, pero para los pequeños y medianos ayuntamientos de la provincia de León, que a menudo carecen de personal técnico especializado, se ha convertido en un muro casi infranqueable.
El principal problema es que cualquier mínimo error formal en la tramitación de un expediente puede paralizarlo durante meses o incluso anularlo por completo. Esta lentitud choca frontalmente con la urgencia que exigen los fondos europeos, que deben estar no solo adjudicados, sino ejecutados antes de que finalice 2026.
El riesgo real: proyectos vitales en el limbo
La amenaza no es abstracta. Hablamos de la rehabilitación de edificios para mejorar su eficiencia energética, la digitalización de pymes, la modernización de polígonos industriales o la creación de nuevas infraestructuras turísticas. Proyectos con nombres y apellidos que podrían quedarse en un cajón por no poder superar la carrera de obstáculos burocrática a tiempo.
Según alertan los expertos y empresarios, la lentitud en la gestión no solo pone en peligro los 900 millones asignados a León, sino que genera un efecto desincentivador. Muchas entidades locales, desbordadas, podrían incluso renunciar a solicitar las ayudas ante la perspectiva de un proceso largo y lleno de inseguridad jurídica, tal y como han señalado informes de autoridades como la AIReF sobre la complejidad de la contratación pública en España.
¿Cuál es la fecha límite para usar los fondos Next Generation?
La Comisión Europea ha sido muy clara: los proyectos financiados por el Plan de Recuperación y Resiliencia deben estar completamente finalizados, como muy tarde, el 31 de agosto de 2026. Este plazo, confirmado en la documentación oficial del plan para España, no admite prórrogas. No basta con tener el dinero concedido o el proyecto licitado; tiene que estar ejecutado y justificado.
Por ello, desde León se reclama una simplificación urgente de los trámites o la creación de vías rápidas que permitan a las administraciones locales gestionar estos fondos con la agilidad que la situación requiere. El futuro de la provincia en la próxima década depende, en gran medida, de que se encuentre una solución a esta encrucijada burocrática antes de que el reloj marque el final del partido.
