Un paso clave para el vertedero industrial más grande de León
La controversia que rodea la instalación de un enorme centro de tratamiento de residuos industriales cerca de León ha alcanzado un punto de inflexión. El gobierno regional ha dado un impulso decisivo al proyecto al aprobar de forma definitiva el Plan Regional de Ámbito Territorial para un macrovertedero en el término municipal de Santovenia de la Valdoncina, a escasos kilómetros de la capital leonesa.
Esta decisión, publicada oficialmente, dota al proyecto de un blindaje legal que le permite superar las normativas urbanísticas locales, que hasta ahora suponían un freno. En la práctica, se declara de “utilidad pública e interés social”, allanando el camino para su construcción a pesar de la notable oposición social y municipal.
¿Qué tipo de residuos albergará este vertedero?
Una de las mayores preocupaciones de la población es la naturaleza de los desechos que se gestionarán. El proyecto está diseñado para acoger tanto residuos industriales no peligrosos como peligrosos. Esto incluye una amplia gama de materiales procedentes de procesos industriales que, por su naturaleza tóxica, corrosiva o inflamable, requieren un tratamiento especializado. Según la normativa del Ministerio para la Transición Ecológica, estos residuos pueden incluir desde lodos químicos hasta materiales con amianto o disolventes, cuya gestión es crítica para la salud pública y el medio ambiente.
El epicentro de la polémica: Santovenia de la Valdoncina
El emplazamiento elegido, conocido como el paraje de ‘El Rellán’ en Santovenia de la Valdoncina, se encuentra en una ubicación estratégica y sensible. Su proximidad no solo a la capital, sino también a otras localidades como Onzonilla y Chozas de Abajo, ha encendido todas las alarmas. Los colectivos vecinales y el propio Ayuntamiento de Santovenia han expresado reiteradamente su rechazo, argumentando los potenciales riesgos de contaminación de acuíferos, la calidad del aire y la devaluación de toda la comarca.
¿Por qué se considera un «Proyecto Regional»?
La clave de este avance está en su clasificación como Proyecto Regional. Esta figura legal permite a la administración autonómica tomar las riendas de un proyecto considerado estratégico, pasando por encima de las competencias de los ayuntamientos en materia de urbanismo. Es una herramienta diseñada para desbloquear iniciativas de gran envergadura, pero en este caso ha sido percibida por los opositores como una imposición que ignora la voluntad local.
Con la aprobación del plan territorial, el siguiente paso será la tramitación de la autorización ambiental y la licencia urbanística, procesos que ahora dependen directamente de la Junta de Castilla y León y no del consistorio municipal.
¿Existen alternativas o se puede frenar el proyecto?
A pesar de este importante avance para los promotores de la instalación, la batalla no ha terminado. Las plataformas ciudadanas y el ayuntamiento afectado ya han anunciado que explorarán todas las vías legales para revertir la decisión. La lucha se traslada ahora al terreno judicial, donde se presentarán recursos para intentar anular un proyecto que, según denuncian, amenaza el futuro medioambiental de una de las zonas más pobladas de la provincia de León.
